El Gobierno venezolano acalló la voz crítica de Luisa Ortega Díaz al retirarla del cargo de fiscal general, mediante decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y poner en su lugar a Tarek William Saab, un chavista fiel que estuvo al frente de la Defensoría del Pueblo.
La ANC, integrada únicamente por oficialistas, aprobó la polémica
medida durante su primer día de trabajo tras recibir una comunicación
del Tribunal Supremo donde se indicaba que Ortega Díaz había sido
suspendida "para su enjuiciamiento, por la presunta comisión de faltas
graves en el ejercicio de su cargo".
El dirigente chavista Diosdado Cabello, integrante de la todopoderosa
Asamblea, solicitó además que sea declarada la emergencia en el
Ministerio Público a fin de tomar acciones urgentes para acabar con
la impunidad por la que responsabilizó a la exfiscal.
"De tal manera que el señor Tarek William Saab pueda llegar a la
Fiscalía tomando decisiones para la reestructuración del Poder
Ciudadano, del Ministerio Público", agregó.
Sobre Ortega Díaz se mantendrán otras acciones jurídicas como
la congelación de sus cuentas, lainhabilitación para ejercer cargos
públicos, y la prohibición de salida del país.
Una vez conocida la decisión, la abogada de 59 años emitió un
comunicado firmado como "Fiscal General de la República" en el que
remarcaba que no reconoce las decisiones del Supremo, por estar
compuesto por magistrados "ilegítimos" que ella misma impugnó por
supuestas irregularidades en sus nombramientos.
Alertó que "acabar con la autonomía" del Ministerio Público "afectará
a las víctimas de violaciones de derechos humanos, a quienes padecen la
violencia delictiva y contribuirá a perpetuar el desfalco de la
nación".
Lo que beneficiará "la corrupción, y a quienes hoy gobiernan a espaldas del pueblo", dijo.
Asimismo, advirtió al Gobierno de Maduro que serán "los principales
responsables de este golpe contra la institucionalidad del Estado y como
tal asumirán ante la historia las consecuencia de esta destrucción de
la democracia venezolana".
Saab, por su parte, consideró que su designación estuvo apegada a la
legalidad y fue hecha "para restituir un orden jurídico severamente
infringido".
Durante sus primeras palabras ante la plenaria de la Asamblea
Constituyente denunció que el Ministerio Público venezolano se convirtió
"en una industria de imputar a mansalva" a los más pobres durante la
gestión de Ortega y adelantó que revisará las últimas actuaciones de la
Fiscalía."A fondo, sin miedo, sin temores (y) enfrentando cualquier
amenaza", enfatizó en un encendido discurso.
Saab advirtió que la Fiscalía dirigida por Ortega Díaz fue "cómplice"
de la violencia que se ha desatado en algunas de las
protestas antigubernamentales que se han desarrollado en los últimos 4
meses en la nación petrolera y que se saldan con más de 120 muertos.
"Esta etapa de violencia (...) tuvo mucho que ver con la inacción del
Ministerio Publico (...) por no actuar a tiempo, por permitir que
grupos violentos se apoderaran de manera indigna de territorios que
deben ser liberados para la paz ciudadana", sostuvo.
"Los crímenes de odio nunca más van a ocurrir en la patria de
Bolívar, nunca más alguien por pensar diferente deberá ser perseguido,
acosado, sin que sea castigado. Eso es hacer justicia, y hasta ahora
hemos visto impunidad", agregó.
Críticas a su destitución
Los gobiernos de México, Estados Unidos, Colombia y
Chile reaccionaron rápidamente para criticar la destitución de Ortega
Díaz, quien hoy no pudo entrar a su despacho, ahora custodiado por
decenas de militares.
Con esta remoción el Gobierno saca del medio la voz denunciante de la
titular de la acción penal, que se empezó a distanciar de Maduro hace
cuatro meses al recriminar la ruptura del orden constitucional por parte
del Supremo y del Ejecutivo.
Desde entonces el chavismo gobernante ha cuestionado todas sus
acciones y la ha acusado incluso de "insania mental" mientras que las
decisiones que tomó antes contra los opositores parecen seguir siendo
incuestionables
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