
“Lo que pretende el presidente es garantizar la impunidad al evitar ser perseguido penalmente por financiamiento ilícito. Es una vergüenza”, dijo a la AFP en la plaza central capitalina Andrea Ixchiu, activista del departamento indígena de Totonicapán. Casi un centenar de organizaciones de la sociedad civil de las Américas y España condenaron la decisión del gobierno y la calificaron como “una ruptura grave de los compromisos del gobierno con la lucha contra la impunidad”. Morales ordenó la expulsión del exjuez colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU que funciona desde 2007, al acusarlo de entrometerse en asuntos internos de Estado. Fue también la Cicig la que puso contra las cuerdas al expresidente Otto Pérez Molina y a quien fuera su vicepresidenta, Roxana Baldetti, forzándoles a dimitir. Ambos están en la cárcel. Morales anunció su decisión en un video difundido en redes sociales dos días después de que Velásquez y la fiscal general Thelma Aldana iniciaran un proceso para retirar la inmunidad al presidente e investigarlo bajo sospecha de corrupción con fondo
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