Por Carolina
Pichardo
Fuente/Listin Diario
Fuente/Listin Diario
Santo
Domingo, RD
El
Departamento de Estado de Estados Unidos resaltó que el Gobierno dominicano no
ha implementado correctamente las leyes para aplicar penas criminales contra
funcionarios públicos acusados de corrupción.
“El gobierno
tomó algunas medidas para castigar a los funcionarios que cometieron abusos
contra los derechos humanos, pero hubo informes generalizados de impunidad y
corrupción oficiales, especialmente entre los altos funcionarios”, explica el
reporte anual de los Derechos Humanos publicado por el departamento de Estado.
También
indica que a pesar de que leyes dominicanas establecen un poder judicial
independiente, el Gobierno “no respetó la independencia judicial y la
imparcialidad”.
El informe
de 2019, publicado este miércoles por el Departamento de Estado, señala que
hubo enjuiciamientos selectivos y
despidos de casos en medio de denuncias de soborno o presión política indebida.
“El poder
judicial desestimó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel. La
corrupción del poder judicial era un problema grave”, manifiesta el estudio.
Indica que
la forma más frecuente de interferencia con las órdenes judiciales se produjo
cuando las autoridades se negaron a cumplir con los recursos de Habeas Corpus
para liberar a los detenidos.
Detalla que
en septiembre de 2017 la Suprema Corte de Justicia comenzó el juicio contra seis
de los 14 vinculados en el caso de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht,
acusada de haber pagado 92 millones de dólares como soborno por contratos de
obras del Estado.
“Los seis
acusados incluían un senador, un representante de la cámara baja, un exsenador
y un exministro de Obras Públicas. La sociedad civil acogió con beneplácito el
juicio como un paso adelante en la lucha contra la corrupción, pero los
activistas destacaron lo que percibían como falta de voluntad política para
investigar a fondo el caso, que involucraba a las élites políticas y económicas
del país”, detalla el informe estadounidense.
De acuerdo
con un informe del Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación
además de los 92 millones dólares, Odebrecht distribuyó otros 39.5
millones de dólares en sobornos durante la construcción de la planta de carbón
de Punta Catalina.
“Después de
que este informe se hizo público, la Oficina del Fiscal General interrogó a
consultores financieros involucrados en el proceso de licitación de la planta,
pero no presentó cargos adicionales. El fiscal general y una comisión designada
por el gobierno desestimaron previamente las acusaciones de irregularidad en el
proceso de contratación de la planta”, señala.
Según varias
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) utilizada como fuente por el
Departamento de Estado, muchos
funcionarios recibían un salario del Gobierno sin realizar ningún trabajo y que
algunos municipios pequeños tenían más empleados en la nómina de lo que podían
alojar sus oficinas físicas.
También
denunciaron que de acuerdo con los ciudadanos dominicanos hubo actos de corrupción por parte de varios
funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, incluidos agentes de policía,
funcionarios de inmigración y funcionarios de prisiones.
Además
indicó que el Gobierno utilizó castigos no judiciales por corrupción como el
despido o la transferencia de personal militar, policías, jueces y otros
funcionarios menores.
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